
Una vez mas el partido popular a convocado una manifestación, donde han ido los mismos de siempre.
Aunque las concentraciones, eran en principio para pedir el endurecimiento de pena para el terrorista de Juana, todas ellas se convirtiron en simples protestas contra Zapatero, se mezclaron el clero con los votantes del partido popular y otros extremistas de diversa indole, molestando una vez más y colapsando los centros de las capitales con sus absurdas reivindicaciones.

Ellos se creen los verdaderos españoles, ellos son los valedores de la razón eterna, los demás estamos equivocados, y por ello deberian exterminarnos.
Aún no saben que es la democracia, no saben respetar la voluntad de la mayoría, y siguen sin aceptar que han perdido las eleccciones, por querer meternos en una guerra, aún así siguen sin querer la paz en el país vasco, ¿no se dan cuenta que si siguen siendo violentos volverán a perder?.
Si, no son tontos, que no lo son, ¿Porque se comportá así el aparato del Partido Popular?¿Que pinta Rajoy como dirigente del PP?
Hay varias teorias de por qué han convocado esta última manifestación:
1-Lo que dice el lema oficial de la marcha: 'España por la libertad. No más cesiones a ETA'. Es decir, impedir cualquier otro intento del Gobierno de reanudar los contactos con ETA.
Ya lo dijo Acebes, no queremos la paz, queremos exterminarlos, no es extraño que aborrezcan la paz, desde el atentado de la T4 en Barajas, se ha incrementado la contratación de escoltas privados
estos escoltas pertenecen a empresas de seguridad privadas cuyos propietarios son en muchos casos miembros del Partido Popular.
2.-Trasladar la crispación a la calle, enrarecer el ambiente político para obtener beneficios electorales en las próximas citas municipales, autonómicas y generales.
3.-Impedir que se hable del 11-M, ahora que en el juicio se está derrumbando toda la teoría de la conspiración con que se quería salvar la cara al Gobierno de Aznar de aquellos días y a su ministro del Interior, Ángel Acebes.
4.-Impedir que se hable de asuntos públicos que están beneficiado a muchos colectivos tales como la buena situación de paro, las leyes sociales puestas en marcha por los socialistas durante la legislatura....
5.-Desviar la atención del público general de los casos de corrupción municipal y autonómica, en los que participan las corporaciones del Partido Popular.
El principal problema en este pais sigue siendo la carestía de la vivienda, una buena oposición trataría este tema en srio, o un aumento de salarios, que falta hace, la perdida de rumbo de la oposición del Partido Popula ha hecho que este vuelva a codearse con la más peligrosa extrema derecha española, hemos podido ver como Inestrillas acudia junto con los miembros del Partido Popular a diversos actos.
Afortunadamente estamos en el siglo XXI, y gracias a Internet y otros medios decomunicación sin censura, muchos españoles no nos lo creemos ya, no nos manipularán más, y estos pocos retrógrados violentos del Partido Popular no triunfaran, ni lograrán lo que sus antepasados consiguieron en 1936.

El proyecto de Ley de Memoria Histórica pasó ayer 14 de Diciembre, su primer trámite en el Congreso de los Diputados al rechazarse la enmienda de totalidad presentada por el Partido Popular y los dos textos alternativos de ERC e IU-ICV, que consideran que la ley es una «humillación» para las víctimas del franquismo.
El PSOE tuvo el apoyo de PNV y CiU. Una vez pasado este primer filtro, está previsto que la norma comience a discutirse en ponencia el próximo mes de febrero.
La encargada de defender la ley fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien recalcó que esta norma es un «reconocimiento moral a las víctimas y de sus derechos individuales», con el objetivo de «saldar una deuda, la de la injusticia».
Dijo que por «primera vez en la historia reciente», un proyecto «reconoce y declara con carácter general la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal, ocasionadas por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil y la dictadura». Esto, a su juicio, va «un paso más allá» de la anulación de juicios sumarios que piden ERC e IU-ICV porque reconoce esa «injusticia» haya o no «sentencias» y otorga el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular pronunciada en nombre del Parlamento.
De la Vega dijo que se trata de una ley «heredera del mejor espíritu de la transición» y del «principio de concordia que condujo hacia una democracia estable y consolidada».
Para el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, y para miles de familiares de las víctimas, el proyecto es «absolutamente frustrante» porque no revoca los juicios sumarísimos, deja a la iniciativa particular la recuperación de la memoria y no establece una estrategia de Estado para convertir los escenarios de la represión en espacios para la recuperación de la memoria.

Herrera recordó que el genocidio franquista alcanzó a «más de 300.000 personas a las que hay que añadir más de 30.000 desaparecidos, aún hoy en día».
Por su parte, Joan Tard, de ERC, dejó patente su «decepción e indignación» por la no la anulación de los juicios sumarios, y pidió apoyo para su texto, que entre otras cosas establece que corresponde al rey español, quien «juró los principios fundamentales del Movimiento Nazional», «formalizar en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del alzamiento militar fascista».
Piden que se investigue la desaparición de 30.000 personas
MADRID
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó ayer una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que pide que se investigue la desaparición de unas 30.000 personas durante los años del violento golpe de Estado franquista y la posterior dictadura.
Según explicó ayer Fernando Magán, abogado de la asociación, que agrupa a familiares de desaparecidos durante este periodo, éstos han decidido acudir a la vía judicial debido a que este asunto «que lleva latente desde hace cinco años, no está teniendo la acogida que merecería de las instituciones públicas», ni siquiera en la Ley de Memoria Histórica que se debatió ayer en el Congreso.
Magán indicó que en la Audiencia Nacional «estos asuntos han sido comprendidos y atendidos para otros lugares del mundo en circunstancias similares» y confió en que aunque el tiempo transcurrido desde los hechos es superior, este tribunal aplique el «criterio flexible» que ha tenido en otros casos.
El letrado añadió que aunque no tienen constancia del número exacto de desaparecidos, en la denuncia se aporta documentación de diversas fuentes en la que se habla genéricamente de 30.000 personas, y dijo que en los últimos años han sido recuperados unos novecientos cadáveres.
Esas desapariciones, agregó, se registraron mayoritariamente en los meses posteriores a la sublevación militar en el verano de 1936, aunque también siguieron produciendose después del final de la guerra.
Las compensaciones económicas a las víctimas, que se plantean como nuevas o ampliación de las existentes, se presentan una vez más bajo el paraguas de las medidas puntuales y restrictivas en donde las compensaciones no se deben a la condición y reconocimiento de víctima sino como concesión administrativa, sin ser proporcionales al daño infringido y sin buscar responsables (impidiendo hacer oficialmente público los nombres de los responsables de la represión -art.7.3- cuando según la normativa vigente el secreto documental sólo llega a los 50 años).
